Hoy he estado con los abogados. Salgo con pocas opciones y ninguna garantía. La vía que queda sobre la mesa es negociar para intentar conseguir el mejor resultado posible.

Negociar por mi salud. Por una cirugía que necesito. Por unas condiciones que me permitan recuperarme.

Pagar abogados para intentar conseguir la asistencia médica que deberían estar proporcionándome. Pagar para que alguien negocie por mí mientras yo sigo sufriendo las consecuencias. Es de locos.

Me parece lamentable tener que pedir, reclamar y negociar mientras vivo con dolor, incertidumbre y miedo a que la espera termine dejándome secuelas permanentes. Mientras mi salud mental también se deteriora.

Lo más difícil de aceptar es que sigo dependiendo de las decisiones de la misma entidad cuya actuación estoy reclamando. Siento que quienes están perjudicando mi salud conservan el poder de decidir qué va a ocurrir conmigo. Yo cargo con las consecuencias y, además, tengo que encontrar fuerzas para defenderme.

Las mutuas gestionan las bajas laborales con dinero público. ¿Cómo puede un paciente sentirse tan desprotegido dentro de ese sistema? ¿Dónde está la protección efectiva cuando lo que necesita es atención ahora?

En hospitales y ambulatorios hay grandes carteles sobre los derechos y las obligaciones del paciente. Los he visto. Pero, después de todo lo que estoy viviendo, leerlos resulta doloroso. ¿De qué sirve anunciar esos derechos si, cuando sientes que te los están negando, tienes que emprender una batalla para conseguir que se respeten?

Tener que luchar por tu atención mientras estás enferma es una contradicción cruel. Una injusticia que revuelve el estómago.

No soy la única que expresa este desamparo. En los grupos de afectados por mutuas y por decisiones del INSS encuentro relatos de desesperación, impotencia y frustración. Personas buscando orientación, compartiendo reclamaciones e intentando entender cómo defenderse mientras su salud y su economía se resienten.

El INSS y las mutuas no pueden ignorar el desgaste que supone este recorrido para un paciente. Reclamar exige tiempo, energía, conocimientos y, muchas veces, dinero. Precisamente lo que puede faltarte cuando estás enferma.

No sé cuántas personas terminan abandonando. Lo que sí veo es un recorrido que agota y que deja en desventaja a quien menos fuerzas tiene. Mi sensación es que el sistema cuenta con ese agotamiento: que llega un momento en el que ya no puedes más. Y si alguien deja de reclamar porque no puede sostener la lucha, eso no significa que su problema se haya resuelto.

En mi experiencia, acudir al INSS ha supuesto presentar escritos y esperar a que se tramiten. Pero pasar papeles de un sitio a otro no resuelve mi necesidad de atención. Y si la salida acaba siendo ir a juicio, ¿qué hago mientras tanto? ¿Cómo encaja la espera judicial con una cirugía que necesito ya?

Mi cuerpo no puede quedarse en pausa hasta que se resuelva un expediente. El dolor no entiende de trámites. El miedo a empeorar tampoco.

Después de la visita de hoy, el horizonte que veo es negociar ahora y, si no hay otra solución, seguir reclamando responsabilidades por la vía judicial. Más tiempo, más gastos y ninguna garantía de obtener una indemnización. Y aunque llegara, ninguna cantidad de dinero podría devolverme el tiempo vivido con dolor ni borrar unas graves secuelas.

Necesito atención a tiempo. Una compensación años después no sustituye esa atención.

Veo un sistema arcaico, burocratizado, ineficaz y profundamente deshumanizado. Cada organismo tiene su procedimiento, pero yo sigo sin una solución. Defender mi salud se ha convertido en otro trabajo, precisamente cuando menos fuerzas tengo para hacerlo.

No debería tener que llegar al límite para que alguien actúe. Ni asumir que conseguir atención depende de cuánto pueda resistir, de si puedo pagar ayuda jurídica o de lo que esté dispuesta a aceptar en una negociación.

Lo que está en juego es mi capacidad de caminar, mi autonomía y mi vida cotidiana. También mi salud mental, desgastada por la incertidumbre y por la sensación constante de estar a merced de decisiones que no controlo.

No puedo comprender que esto ocurra dentro de un sistema financiado con dinero público. Y no puedo aceptar que la respuesta sea resignarse.

Necesitamos cambiar el sistema de raíz: una protección que llegue cuando hace falta, responsabilidades claras y una respuesta que impida que el paciente siga empeorando mientras reclama. Los derechos deben poder ejercerse también cuando estás agotada, enferma y sin recursos para sostener una batalla.

El sistema está podrido. Y quienes pagamos el precio lo hacemos con nuestra salud. En algunos casos, la muerte.

Pero hay algo que sí tengo claro: voy a llegar hasta el final para pedir que se investiguen las actuaciones de cada profesional implicado y de la mutua, y que se determinen las responsabilidades que correspondan. También voy a seguir contando mi experiencia para visibilizar este problema.

Sé que el camino será largo. Quiero ganar y voy a luchar por ello. No puedo garantizar una sentencia, pero sí mi decisión de buscar justicia.

Imaginar que algún día se reconozca lo ocurrido y se exijan responsabilidades me da fuerzas. Esa satisfacción sería inmensa. Y si mi voz ayuda a que otra persona encuentre apoyo o a que algo cambie, habrá servido también para abrir un camino.